DECLARACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA A
LA LEY
DE RIESGOS DEL TRABAJO
(octubre de 2012).
De la
Asociación de Abogados Laboralistas ante la reforma a la Ley de Riesgos del
Trabajo
I. LA
LRT NO ADMITE PARCHES
1. La LRT tiene el
triste récord de ser la ley que más declaraciones de inconstitucionalidad
registra, en la historia legislativa argentina.
2. El legislador de
1995, en uno de los pocos aciertos que tuvo, insertó la cobertura de los riesgos
del trabajo en la Seguridad Social, pero – en plena década menemista – cometió
el pecado de privatizar su gestión, colocando como operadores del sistema a
sociedades comerciales que tienen fin de lucro.
3. De tal manera, al
interior del sistema se incuba una enorme contradicción: el operador tiene
intereses opuestos a los de las víctimas de siniestros laborales. Entre las
partes se plantea un juego de suma cero: lo que una gana, la otra lo pierde. Y
este conflicto se da en el marco de una enorme desigualdad en la correlación de
fuerzas, lo que sella la suerte de los trabajadores siniestrados. Esta patología
del sistema explica la mayoría de sus graves problemas de funcionamiento.
4. Por eso nuestra
Asociación siempre ha sostenido que la LRT no admite parches.
II.
LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO ES IGNORADA POR LA REFORMA
1. El eje de la
reforma es la cuestión de la reparación de los daños, y nuevamente deja
pendiente cuestiones fundamentales de la prevención, como la participación de
los trabajadores en el diseño y gestión de la seguridad e higiene laboral. Los
trabajadores son los que mejor conocen los riesgos presentes en los lugares de
trabajo, y los más interesados en neutralizarlos.
2. Las ART tienen
escasa voluntad en perseguir a sus clientes, exigiéndoles el cumplimiento de
estrictas normas de seguridad laboral. Un mercado altamente competitivo colabora
en desinteresar a las aseguradoras en esta cuestión.
III.
SE MANTIENE INTACTO EL ABSURDO PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA LRT
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La reforma nada
dice respecto al procedimiento médico-administrativo creado por la LRT,
declarado inconstitucional por la CSJN en los casos “CASTILLO”, (07/09/2004)
y “OBREGÓN”, (17/04/2012).
-
Los conflictos
entre las ARTs y las víctimas de siniestros laborales se dirimen ante
Comisiones Médicas, que actúan como tribunales médico-administrativos.
-
Se trata de un
proceso claramente contencioso, en el que se resuelven las controversias que
natural y lógicamente se originan entre los trabajadores y las ARTs.
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La
disparidad de fuerzas es tan abismal, entre el tremendo poderío económico de
la aseguradora y su batallón de médicos, abogados, contadores, actuarios,
etc., y el trabajador transitando generalmente en soledad por esos
complicados vericuetos procesales, que la situación nos retrotrae más de 60
años en la evolución de la legislación laboral, llevándonos a la década del
cuarenta del siglo pasado, cuando se creó la Justicia del Trabajo con la
pretensión de eliminar o reducir la desigualdad entre las partes.
-
Los “jueces” en
este proceso son médicos sin formación jurídica que desconocen los
principios del Derecho del Trabajo y los de la Seguridad Social, y que
terminaron siendo funcionales a los intereses de las ARTs.
-
La reforma
proyectada no sólo ignora lo que estamos denunciando, sino que su única
preocupación es sacar de la Justicia del Trabajo las demandas de los
trabajadores, que pretendan una reparación plena de los daños sufridos, con
fundamento en las disposiciones del Código Civil. La intención es clara:
someter ese reclamo a magistrados que, se supone, no tienen la sensibilidad
social ni la formación de los jueces del trabajo con las normas de fondo y
forma del ordenamiento civil, desapareciendo así el orden público laboral y
generando una grave asimetría en desmedro de los trabajadores.
-
La CSJN ha
declarado la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la LRT (casos
“CASTILLO” y “OBREGÓN”), cuestionando la obligatoriedad de recurrir a una
vía administrativa ante organismos de orden federal, como son las Comisiones
Médicas. La reforma insiste en la necesidad de recurrir a ellas, como vía
para la determinación de la incapacidad laboral, que es el paso previo al
ejercicio de la opción por uno de los sistemas de responsabilidad (art. 4º),
lo que implica además que la supuesta mejora económica emergente de los
nuevos montos establecidos, se limitaría al número excepcional de víctimas
que puedan transitar con éxito el proceso administrativo en cuestión. Es
claro que se mantendrá la conflictividad judicial.
IV.
LA “OPCIÓN CON RENUNCIA”, ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD, ES
INCONSTITUCIONAL
-
Tal como ha
declarado la CSJN, entre otros en el caso “LLOSCO”, a partir de la
declaración de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la LRT en nuestro país
existe un sistema de acumulación, en el cual el trabajador que ha recibido
una reparación insuficiente del daño sufrido en un accidente laboral, puede
reclamarle a los responsables el resarcimiento de los perjuicios
subsistentes.
-
Obligar a la
víctima de un siniestro laboral a optar por un sistema de responsabilidad,
renunciando al otro, es un claro retroceso respecto a la situación actual,
afectándose el principio de progresividad cuya vigencia ha declarado la CSJN
en varios pronunciamientos (ver caso “AQUINO”), con fundamento en nuestra
Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
-
En el mundo
laboral, en el que rige como postulado fundamental el principio de
irrenunciabilidad de los derechos, exigirle al trabajador que “opte” entre
un sistema de responsabilidad y otro, sin garantizarle el debido
asesoramiento médico y legal, vicia de nulidad tal manifestación de
voluntad.
-
La pretensión de
que el trabajador opte entre la percepción segura e inmediata de la
indemnización que determina la LRT, y la reparación integral de los daños
sufridos, pero en un proceso judicial, resulta claramente extorsiva. No hay
“opción” cuando no hay “libertad”.
-
En el marco de
la actual doctrina de la CSJN en materia social, parece harto difícil que el
sistema de opción con renuncia pueda soportar un test de constitucionalidad.
V. LA
CUESTIÓN DE LA “LITIGIOSIDAD”
1. La “litigiosidad”,
como manifestación patológica de un sistema, no puede medirse por la cantidad de
causas judiciales, sino por la relación entre éstas y la cantidad de potenciales
reclamos (conflictividad). Estudios realizados por nuestra Asociación demuestran
que la cantidad de juicios que se inician es ínfima, respecto a la cantidad de
conflictos que el sistema provoca.
2. Es un grave error
creer que se eliminará o reducirá la actual “litigiosidad”, simplemente porque
se mejoran las indemnizaciones del sistema, ya que esto sólo alcanza a los
siniestros aceptados por las ARTs, dejándose subsistentes todos los conflicto
originados, por ejemplo, en las enfermedades profesionales no reconocidas, o en
las reagravaciones no indemnizadas, o en los siniestros mal liquidados.
3. En general se
acepta que las prestaciones dinerarias que reciben las víctimas de siniestros
laborales, son sustitutivas de los ingresos económicos que potencialmente pueden
perder. Por eso la base de cálculo en la LRT es el salario del trabajador, que
determina el llamado “ingreso
base” (art.12).
4. Pero esta
norma provoca una distorsión al determinarse la cuantía de las
indemnizaciones, por varios motivos:
a) Sólo computa
las remuneraciones “sujetas a aportes y contribuciones”. Como en nuestro
sistema previsional hay un “techo”, por encima del cual no se realizan
aportes, los trabajadores con remuneraciones que superen ese nivel, ven
reducidas sus indemnizaciones, a veces de manera muy significativa;
b) Las
remuneraciones que se toman como base de cálculo, corresponden al año
anterior al siniestro, sin ninguna actualización. La inflación y los
aumentos periódicos de las remuneraciones provocan una licuación del
promedio salarial del art. 12 de la LRT, achatando las indemnizaciones;
c) No se
contemplan en la base de cálculo de las indemnizaciones, otros ingresos
económicos que la víctima puede tener, como los originados en otro empleo, o
en actividades autónomas.
La reforma
proyectada a la LRT ha soslayado totalmente estos problemas, que naturalmente
alimentan la “conflictividad”.
VI.
CONFUSO TRATAMIENTO DE LA MODALIDAD DE PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES
1. La LRT trajo como
novedad el pago de las indemnizaciones en forma de prestaciones dinerarias
mensuales, para las incapacidades laborales superiores al 50%, o en caso de
fallecimiento. El proceso se iniciaba con un período de incapacidad permanente –
provisoria, que podía durar hasta cinco (5) años (arts. 9, 14, 15 y conc.). Las
prestaciones dinerarias de pago único, introducidas por el Dec. 1278/00 y
mejoradas por el Dec. 1694/09, recién podían ser percibidas una vez agotado este
período de provisionalidad. Declarada definitiva la incapacidad permanente, la
víctima pasaba a recibir una Renta Periódica, o una prestación de pago mensual,
complementaria del retiro por invalidez (arts. 14.2, 15.2 y 18).
2. El proyecto de
ley establece que “el principio general indemnizatorio es el pago único” (art.
2º), lo que parece indicar que se pone fin al período de incapacidad permanente
provisoria, y al pago de las prestaciones dinerarias en forma de Renta Mensual y
de prestación complementaria previsional. Sin embargo, sólo se deroga
expresamente el art. 19 de la LRT, referido a la Renta Periódica (incapacidades
superiores al 50%, e inferiores al 66%), lo que plantea la duda sobre la
subsistencia del período de incapacidad permanente (total o parcial) provisoria
y del complemento previsional previsto para la incapacidad permanente total
definitiva y el fallecimiento. No parece que pueda ser resuelta mediante una
reglamentación.
VII.
SE INSISTE EN EL CUESTIONADO “LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES”
1. Aún con la
reforma introducida por el Dec. 1278/00 al art. 6º de la LRT, en la práctica el
sistema funciona como un listado cerrado de enfermedades profesionales, que
declara “no resarcibles” a las no incluidas.
2. Apoyadas en esta
norma y utilizando una interpretación híper restrictiva de la relación de
causalidad entre la tarea y la enfermedad, las ARTs, con el aval de las
Comisiones Médicas, lograron hacer desaparecer a las enfermedades de origen
laboral. Si para la O.I.T., del total de siniestros producidos un 38% son
enfermedades laborales, en nuestro país no superan el 3% ¿Dónde van a parar las
enfermedades laborales que no ingresan al sistema? A las obras sociales
sindicales y a los hospitales públicos, que así financian a las ARTs.
La reforma a la LRT
no se da por aludida.
VIII.
UNA PÉSIMA TÉCNICA LEGISLATIVA
1. Se pretende
dictar una nueva ley, que operaría en paralelo con la LRT, pero regulando una
misma cuestión, incluso en aspectos marginales, accesorios o procedimentales, lo
que sin dudas originará una enorme confusión.
2. Más aún cuando se
utiliza una terminología diferente y contradictoria, originada en una posición
doctrinaria e ideológica distinta de sus autores. El legislador de los ’90 tuvo
bien en claro que la LRT instrumentaba un subsistema de la Seguridad Social,
apartándose del sistema de responsabilidad individual del empleador de las leyes
anteriores (9688 y 24.028). Por eso la LRT habla de “contingencias” y de
“prestaciones” y jamás utiliza la palabra “indemnización”. Los autores de este
proyecto, en cambio, hablan de “reparación dineraria”, “principio general
indemnizatorio”, “indemnizaciones previstas en este régimen de reparación”, etc.
3. Lo correcto
hubiera sido modificar la LRT.
IX.
INJUSTIFICADO TRATO DISCRIMINATORIO DEL ACCIDENTE “IN ITINERE”
1. El art. 3º del
proyecto incrementa en un 20% las “indemnizaciones dinerarias”, cuando “el daño
se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se
encuentre a disposición del empleador”, lo que intenta dejar afuera de esta
mejora a los accidentes “in itinere”.
2. No se entiende la
razón por la cual se abandona la vieja definición de “daño ocurrido por el hecho
o en ocasión del trabajo” (se puede estar en el lugar de trabajo sin estar
trabajando, y sin estar a disposición del empleador), pero menos se entiende que
el incremento indemnizatorio excluya a los accidentes“en ocasión del trabajo”,
de los cuales el siniestro “in
itinere” es una especie.
3. Si estamos en un
subsistema de la Seguridad Social, que mira la contingencia a cubrir y no la
relación de causalidad, no se advierte cual es la diferencia entre un trabajador
incapacitado en un accidente en el lugar de trabajo, y uno que sufre un
siniestro cuando va a trabajar.
X. LA
VIGENCIA DE LA NUEVA LEY Y SU APLICACIÓN EN EL TIEMPO
1. Se insiste en el
proyecto en el mismo error que se cometió con los decretos 1278/00 y 1694/09,
respecto a su no aplicación a las prestaciones dinerarias de contingencias
anteriores a su entrada en vigencia, pero devengadas con posterioridad, o no
canceladas oportunamente (art. 17.5).
2. No sólo el art.
3º del Código Civil avala la aplicación de la nueva norma “a
las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”,
sino que la aplicación de los principios de la Seguridad Social lo hacen
imprescindible. En efecto, a nadie se le ocurriría plantear que una mejora en
los haberes de los jubilados, sólo se aplicará a quienes adquieran el beneficio
previsional a partir de la entrada en vigencia de la norma que la dispuso. Por
ello resulta inexplicable que las mejoras en las prestaciones dinerarias que
trae este proyecto, sólo alcance a quienes sufran un siniestro laboral a partir
de su entrada en vigencia.
3. La jurisprudencia
se ha inclinado mayoritariamente, por decretar la inconstitucionalidad de las
normas de los decretos 1278/00 y 1694/09, similares al art. 17.5 del proyecto, o
las han declarado inaplicables.
XI. A
MODO DE FINAL
No sólo estamos a
punto de perder una oportunidad histórica de hacer una reforma integral de la
LRT, sino que lo que se propone tiene un sesgo claramente perjudicial para los
trabajadores, y una técnica legislativa deplorable. Mantener a las A.R.T. es
continuar sosteniendo un sistema que hace de la salud y la vida de los
trabajadores un negocio privado claramente violatorio de la Constitución
Nacional.
Buenos Aires,
octubre de 2012.
Asociación
de Abogados Laboralistas
FERNANDO
VIGO - Secretario General
LEON DARIO
PIASEK - Presidente
