miércoles, 19 de septiembre de 2012

Nos encontramos con otra prueba de que la realidad dicotómica de CFK-Macri elude responsabilidades gubernamentales sobre trabajadores y fondos públicos



Banco Ciudad: botín de la jefatura porteña y del gobierno nacional
El lunes salió en el Boletín Oficial la nueva Ley que transfiere los depósitos judiciales con fuero en la Ciudad. El gobierno de Mauricio Macri venía cometiendo atropellos contra dicha institución bancaria pero las causas que motivaron al kirchnerismo para presentar la iniciativa no son claras. El destino de los fondos y de los trabajadores del Banco Ciudad tampoco lo es.
Por ANRed
El día lunes 17 de septiembre salió publicada la nueva ley de depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales, Ley 26.764. El proyecto había sido presentado en abril de este año por el kirchnerismo y se convirtió en norma al ser aprobado por la Cámara de Senadores la semana última. La misma establece que a partir de ahora “los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectuarán en el Banco de la Nación Argentina”. Anteriormente, las que tenían asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) debían efectuarse en el Banco Ciudad.
La medida fue aprobada en ambas cámaras legislativas por el kirchnerismo y sus aliados, pero fue resistida por todo el arco opositor. Algunos se oponen por aspectos legales, aunque la mayoría identifica a esta iniciativa como una opción más del gobierno nacional para conseguir recursos en tiempos de déficit. En ese sentido, diputados y senadores recordaron que el Banco Nación es un gran tenedor de títulos públicos: según el Estado de Resultados presentado el 30 de septiembre pasado, el 35% del total del activo corresponde a títulos. Es decir, la deuda, que el gobierno nacional emite para financiarse, muchas veces tiene como destino al Banco Nación, y se cree que estos recursos van a tener el mismo destino.
Los trabajadores del Banco Ciudad también se pronunciaron en contra de la ley. La Comisión Gremial Interna, la Asociación Bancaria, la CTA y cientos de trabajadores sacaron solicitadas en los diarios, y se movilizaron en reiteradas oportunidades en defensa de los puestos de trabajo. Según un comunicado emitido por los trabajadores, la transferencia de los fondos “dejaría al banco porteño, sin capacidad de otorgar créditos y obligaría a un achicamiento del mismo que se traduce en despidos”. El día de la votación en senadores, los empleados se movilizaron masivamente, pero la Policía Federal los reprimió fuertemente.
La iniciativa liderada por la Diputada Diana Conti fue presentada en abril de este año pero sufrió modificaciones ante críticas recibidas en las comisiones de trabajo. La diputada kirchnerista proponía que pasen a la órbita del Banco Nación tanto los fondos futuros como los actuales. Es decir, por estos días el Banco Ciudad debería estar desprendiéndose de $ 6.900 millones, monto equivalente al 30% de los depósitos que el mismo banco cuenta; lo que hubiera significado poner a la institución dirigida por Federco Sturzenegger al borde de la quiebra. Es por eso que el artículo 1° de la actual ley agrega que los depósitos “que hasta esa fecha se encuentren depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires continuarán en dicha entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen”. Con este agregado se estarían traspasando aproximadamente $ 1.200 millones por año.
El gobierno de Mauricio Macri estaría preparando una demanda judicial para plantear la inconstitucionalidad de la Ley 26.764. El PRO argumenta que el Congreso no puede legislar sobre atribuciones del Poder Judicial. En ese sentido plantean a la iniciativa kirchnerista como una “violación” a la autonomía porteña. Además, podría solicitar una medida cautelar para que los tribunales nacionales y federales con fuero en la CABA continúen ordenando los depósitos judiciales a favor del Banco Ciudad.
A favor del traspaso de los depósitos judiciales de la órbita de la Ciudad a la Nación se esgrime que con ésta, se elimina la Ley 16.869 de 1965 que fue motivada por ciertos factores que hoy ya “no están vigentes”. Según Conti, el objetivo en aquella época era favorecer el crédito en la CABA a través de la garantía de valores mobiliarios, motivo que hoy no se cumple. Además, aquella ley no se adecuaba –de la misma forma que no lo hace ahora- al orden jurídico-institucional. Para la diputada encargada de redactar el proyecto, la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad se rige por la Constitución Nacional y se solventa por el presupuesto de la Nación. Según declaraciones previas de la diputada, “el traspaso de fondos le permitirá a un banco público nacional, como el Banco Nación, disponer de una masa de dinero a bajo costo, utilizable a largo tiempo y muy propicia para inversiones de carácter federal, como obra pública o créditos hipotecarios”.

Desde la vereda de enfrente, contraatacan diciendo que en ningún lugar se especifica que el Banco Nación utilizará los fondos para dar préstamos al sector privado, mientras que el Banco Ciudad aseguraba prestarlos a las familias y a las empresas. Desde el banco local afirman que hasta el momento solventaban los planes de vivienda propia, y tenían una política de dar préstamos a empresas a largo plazo -20 años- y con la mitad de la tasa de interés a lo que lo hace el Banco Nación. Pero en declaraciones en Radio La Red, Sturzenegger aclaró que con esta ley “nosotros a las empresas las financiábamos a largo plazo y eso lamentablemente va a tener que cambiar. Es probable que se encarezca el costo de ese financiamiento o tengamos que hacerlo a plazos más cortos y será más difícil el acceso a la vivienda propia para todos aquellos argentinos que sueñan con eso”.

En definitiva, la oposición está denunciando que el gobierno Nacional le está quitando al Banco Ciudad fondos que iban a parar a préstamos al sector privado pero que ahora tendrán un destino incierto. También denuncia que el gobierno Nacional estaría realizando una política de vaciamiento del Banco Ciudad: le está quitando $ 1.200 millones por año; y, de esta forma, el futuro de parte de los empleados se vuelve una incógnita porque el trabajo en las sucursales porteñas mermará.

El gobierno de Macri se sube al tren de las críticas. Sin embargo, viene cometiendo, sistemáticamente, atropellos similares.Con respecto al uso de los fondos para los préstamos al sector privado, su gestión se emparenta con el financiamiento de grandes empresas en contraste con la falta de incentivos para las pequeñas y medianas empresas.
En el rubro de los créditos dirigidos a los ladrillos, se lo acusa de estar vinculado con la especulación inmobiliaria. De hecho, el plan de la casa propia lanzado meses atrás, genera un alza en el valor de las propiedades. Esto se debe a que no está orientada para la construcción de casas, sino para la compra de viviendas ya existentes: como aumenta la demanda pero sin aumentar la oferta, se genera un desequilibrio y termina subiendo el precio de la propiedad. Además, el cupo es escaso para el total de inscriptos.
Por último, el gobierno de Macri también intenta llevar adelante un vaciamiento de los fondos del Banco Ciudad: en junio intentó licitar el pago de los sueldos de los trabajadores municipales, al querer otorgarle el poder a un banco privado a costa de quitarle esos fondos al Banco Ciudad; y, en diciembre del año pasado, con el apoyo del kirchnerismo, reformó la Carta Orgánica del Banco Ciudad con el objetivo de poder usar parte de los beneficios del mismo para un fideicomiso orientado a la “obra pública”. Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article5384

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