domingo, 26 de febrero de 2012

Comprobamos con la masacre en Once cómo funciona el "capitalismo serio" o el privilegio de la alta rentabilidad de "corpos" por parte del gobierno-Estado tanto


Decía en enero que permanecemos entrampados en el capitalismo si creemos superar la injusticia social mediante mejoramiento de la distribución. Dí un ejemplo en la política de subsidios directos e indirectos del gobierno K que comenzaba a quitarlos en servicios públicos y en otras actividades sin incidencia en nuestro bienestar básico como las de bingos, casinos e hipódromos. Planteé cómo estamos presos de la lógica del capital por ponderar ese proceder gubernamental como justicia e incluso naturalizar al aumento tarifario por verlo consecuencia de poner fin a la compensación a empresarios para que sus concesiones fuesen rentables. Es que la otorgación de subsidios fue publicitada como voluntad de garantizar a los usuarios (no ciudadanos) el acceder a ellos. Ahora esta manipulación se proyecta en encubrimiento de la profundización del Ajuste ya presente por la inflación y los topes en paritarias. Aún más, los de abajo nos hacemos cargo de la urgencia gubernamental de que la gran mayoría posea “tarjeta sube”, cuando tardó años en implementarla como solución a nuestra falta de monedas. Hoy nos fuerza a sacrificarnos para obtenerla porque, nos alerta, de no hacerlo sufriremos los incrementos hasta cuando disponga que podemos ser subsidiados o no. De este modo, reduce el problema del transporte público y consigue encubrir a quienes los monopolizan y lo convierten en Cromagnon rodante.

Claudio Lozano, en “Política de subsidios: ¿Ajuste o Justicia?”, sostiene: “(…) el enfoque oficial resulta sesgado e incompleto. No se puede abordar la discusión de los subsidios sin poner en consideración la estructura de costos de las empresas y por lo tanto, la correspondiente revisión respecto a la validez o no de la presente estructura tarifaria. El planteo oficial da por sentado que las tarifas son razonables y que lo único que debe hacerse es trasladarle los costos a quienes consumen. Una evaluación de la situación de petroleras, generadoras y transportadoras y sus consecuentes ganancias ampliaría los márgenes de acción de la política oficial y permitiría evitar injusticias con los consumidores. Máxime en un contexto donde los subsidios a la energía han convivido con las rentas extraordinarias de las petroleras, la falta de inversión y el aumento del costo de la energía por la suba significativa de las importaciones. Es bueno constatar que el ahorro de $4600 millones que se está buscando con estas primeras medidas no logra compensar los mayores recursos que el Estado debe destinar hoy por el encarecimiento de la matriz energética. En este aspecto el Gobierno amplió el fondo fiduciario para la importación de gas creado en el 2008 de $1300 millones a $13000 millones (...)”1. Injusticia que responde al papel hegemónico de las petroleras, junto a las transnacionales agroexportadoras, en el modelo vigente desde el 2002. Repsol, Panamerican y Total oligopolizan el petróleo y el gas (61% de la extracción de petróleo y el 75% de la de gas). No han realizado exploración y explotación de nuevos pozos por lo que han conducido a una veloz disminución de las reservas hidrocarburíferas. Lo han hecho cuando la exportación de energía representaba entre el 12% y el 16% de total exportado por Argentina y cuentan con una legislación que les permite liquidar el 70% de las utilidades en el exterior. Se han distanciando de la mayoría de las privatizadas, que pertenecen al sector servicios y que han perdido los niveles de rentabilidad extraordinaria de los años 90.
Como en el pasado, subsidios directos e indirectos potenciaron la dinámica de acumulación y reproducción del capital de esa fracción del poder económico, de ahí que el Estado fue partícipe crucial del avance raudo de la concentración y transnacionalización económica o de la desigualdad social, a la que contribuyó además mediante el Pacto Social.

En el año 2008 Martín Scalabrini Ortiz y Martín Schorr marcan que a pesar del comportamiento de las transnacionales petroleras, “en el sentido de abandonar toda responsabilidad exploratoria y sólo dedicarse a la extracción acelerada de los recursos naturales no renovables, el actual gobierno nacional impulsó la sanción de una  ley de “promoción” para que las empresas  exploren, en vez de  sancionarlas por el  incumplimiento de sus obligaciones estipuladas en la ley de hidrocarburos y en la  normativa que les entregó los yacimientos de YPF. A fines de octubre de 2006 se promulgó la ley 26.154, que crea un régimen promocional para la exploración y  explotación de hidrocarburos. Por ella se establecen beneficios impositivos y de  eliminación de tasas y derechos de importación para aquellas firmas que se presenten a  solicitarlo, los que tienen un carácter similar al Régimen Minero aplicado desde 1993.  Paralelamente, algunas de las provincias que tienen petróleo en su subsuelo, encararon  una renegociación anticipada de los contratos con  las compañías que tienen  concesionados los yacimientos. Algunas de  esstas negociaciones se efectuaron en el  transcurso de 2007 en Chubut y Santa Cruz, donde diez años antes del vencimiento de las concesiones se otorgaron prórrogas a las empresas por períodos de veinte y cuarenta  años (hasta el 2027 en Chubut y hasta el 2047 en Santa Cruz), sin que ello tuviera justificaciones basadas en criterios técnicos o productivos. De todos modos, ello está en línea con la política energética a nivel nacional, ya que luego de la importantísima devaluación del año 2002 las firmas petroleras y gasíferas  obtuvieron ganancias extraordinarias gracias a la exportación de estos recursos, y a que  el nivel de las retenciones aplicadas fue muy bajo (actualmente es del 5% en los  combustibles, del 20% en el gas licuado de petróleo y del 45% en el petróleo crudo),  máxime si se tienen en cuenta los costos internos de producción y los niveles exorbitantes que ha alcanzado el precio del petróleo en el mercado internacional.  Ello ha permitido que, tanto durante la vigencia de la convertibilidad como luego de la  salida devaluatoria a su crisis, las empresas petroleras y gasíferas se ubicaran en el  conjunto de las más grandes exportadoras del país. Así, Repsol-YPF, Petrobras,  Chevron-San Jorge, Pan American Energy, Vintage Oil, Shell, Esso, Tecpetrol y Total Austral –todas ellas de propiedad de capitales transnacionales– obtienen importantes  ingresos en divisas que no están obligadas  a ingresar al país (la normativa vigente  establece que hasta un 70% del total puede ser mantenido en el exterior). Para la internalización de las elevadísimas rentabilidades que tienen las empresas  petroleras, también debe considerarse el  control oligopólico del mercado interno de hidrocarburos y sus combustibles derivados. En efecto, sólo cinco firmas (Repsol-YPF,  Pan American Energy, Petrobras, Chevron San Jorge y Tecpetrol) tienen en sus manos  el 80% del mercado del petróleo y únicamente cuatro empresas (Repsol-YPF, Shell,  Esso y Petrobras) manejan el 90% de la oferta de naftas y gasoil, y más del 80% del  mercado de lubricantes en la Argentina. En suma, las falencias regulatorias (bajas regalías –del 12%– por la explotación de  los hidrocarburos; entrega del manejo del  comercio exterior al oligopolio petrolero; falta de control de las reservas por parte del  Estado; inexistencia de sanciones ante el incumplimiento de la normativa sectorial) y la  decisión política de no modificar este escenario han determinado que el manejo de los  recursos naturales no renovables quede a  cargo de un grupo de firmas que operan  prácticamente sin rendir cuentas de sus acciones y obtienen ganancias extraordinarias  (por lejos, las más altas de la economía argentina en la post-convertibilidad)2.  

La fracción productiva-exportadora que encabezan los oligopolios del agro y de los hidrocarburos, se amplía abarcando a automotrices, mineras, siderúrgicas y químicas. Constituye el núcleo fundamental para el crecimiento económico y los superávit comercial y fiscal, pilares de la estabilidad del modelo posconvertibilidad. Al gravarla, el gobierno pudo “incrementar la recaudación fiscal y aportar armonización a las relaciones al interior de la clase dominante. Esto se encuentra justificado en dos factores: en primer lugar, en que el Estado aplica un impuesto sobre el capital productivo-exportador que irá a engrosar el superávit fiscal primario que derivará principalmente al pago de deuda pública. De este modo se genera una distribución por arriba del ingreso, que apuntala las posiciones del capital financiero. A esta medida se suman los mecanismos indexatorios a crecimiento e inflación de buena parte de la deuda posibilitando un nuevo momento de convergencia, una nueva armonía al interior de la clase dominante superando, al menos momentáneamente, las disrupciones que había conllevado la salida del modelo de la convertibilidad”. Gastón Ángel Varesi continúa: “En segundo lugar, también podemos ubicar el incremento del gasto en subsidios, enmarcado en la multiplicación de la partida de servicios económicos del presupuesto nacional, que se orienta tanto a compensar a las privatizadas como a distribuirse entre distintos agentes del capital productivo (…)”3. En suma, el modelo postconvertibilidad se establece con armonización entre las fracciones del bloque dominante y expoliación a los de abajo mediante “transferencias de ingresos en las siguientes direcciones: del capital financiero al capital productivo y a las privatizadas vía pesificación asimétrica” y del conjunto de las sociedad (principalmente las clases subalternas, por la regresividad del sistema tributario) hacia el capital financiero vía compensaciones estatales a través de mayor endeudamiento público”3

Recordemos hubo “socialización de los costos de la crisis, que representa uno de los momentos fundamentales en la configuración del modelo post-convertibilidad: la pesificación asimétrica de deudas y el «salvataje» del sector financiero, desarrollados en el gobierno de Duhalde. La pesificación asimétrica implicó que los bancos debieran devolver los depósitos en dólares a $1,40 por cada U$S1, mientras que los deudores con la banca local verían pesificadas sus deudas en dólares a $1 por U$S1 . Cuando el lobby empresarial logró forzar al gobierno a derogar el techo impuesto inicialmente para la pesificación de deudas (U$S 100.000), ésta se convirtió en un mecanismo de licuación masiva de las deudas del capital productivo y las empresas privatizadas con la banca local. En este contexto el gobierno dispuso un plan de «salvataje» al capital financiero que se iniciaría a partir de operaciones de diverso tipo, destinadas a compensar las implicancias de la salida devaluacionista y la pesificación asimétrica, y que serían cubiertas con la emisión de nueva deuda pública por un monto total de U$S 28.525 millones en bonos de deuda”3. Estas políticas produjeron una sustantiva caída del salario real y de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Gastón Ángel Varesi reflexiona que, al excluir estas implicancias del 2002 y originar el modelo K en 2003, aparece basado sobre la industria y el trabajo y progresivamente distributivo. “De hecho todos los indicadores muestran mejora desde ese punto y efectivamente existe un cambio progresivo clave en el nivel político: la asunción de Néstor Kirchner y el desarrollo del kirchnerismo como una corriente (y cultura) política particular dentro del peronismo. Pero en términos de modelo de acumulación, es en el 2002 cuando se marcaron las fundamentales rupturas en el tipo de cambio, como en el esquema de precios relativos favorable a la producción de bienes transables, se gestó el inicio del proceso inflacionario, se operó la licuación de deuda privada a través de la pesificación asimétrica y se realizó el “salvataje” al capital financiero que junto con los subsidios comenzaron a gestar un sistema de transferencias de recursos que buscó reorganizar el equilibrio inestable de compromisos entre las fracciones de clase en el marco de una nueva correlación de fuerzas (…)”4.

También aclara: “Las principales orientaciones presupuestarias desarrolladas distintivamente en la post-convertibilidad se refirieron principalmente a subsidios y, desde la salida del default, al pago de deuda pública, rebatiendo perspectivas que intenten encontrar un motor inflacionario en el gasto público orientado a sectores populares. Este conjunto de elementos refutan las tesis ortodoxas de la inflación que pone en el centro a las clases subalternas. Los enfoques provenientes del mainstream económico tienden a producir diagnósticos que implican medidas en detrimento de las clases subalternas con el consecuente impacto regresivo en la distribución del ingreso. Pero estas clases, lejos de ser las principales beneficiarias del modelo, son perjudicadas por la disminución del salario y el gasto social (en términos reales) así como también por la regresiva estructura impositiva, a través del peso del IVA y del impuesto a las ganancias, que hasta la modificación del piso mínimo imponible a fines del 2007 constituía un impuesto que afectaba también a amplios sectores subalternos”3.

Eduardo Lucita (integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda) le propone al gobierno CFK llevar a cabo: “Otro camino (…) el gobierno dispone de opciones para obtener otros resultados fiscales. No se trata solo de mejora la calidad del gasto y hacerlo más eficiente. También es necesario y más justo operar sobre los ingresos. No alcanza con aplicar mayores aranceles a bienes suntuarios hay condiciones más que propicias para elevar al Congreso Nacional un proyecto de reforma tributaria progresiva, que haga que paguen los que más tienen, que reduzca el IVA a los artículos de primera necesidad y eleve los mínimos imponibles para que los trabajadores no carguen con esa aberración tributaria que considera ganancia al salario. También reponer los aportes patronales jubilatorios eliminados por el entonces ministro Domingo Cavallo, con lo que la Anses dispondría de fondos para una mejora efectiva de las jubilaciones mínimas. Para eso están las holgadas mayorías parlamentarias.

Invertir la carga Este es emprender otro camino que no sea el trillado de reducir ingresos de los trabajadores estatales, de descargar parte del gasto sobre los usuarios de las clases populares o de poner techo a las paritarias, como si el salario fuera el causante de la inflación. Este sendero siempre tiene un límite y al final se cae nuevamente en el endeudamiento. Es el momento de invertir la carga del esfuerzo, la relación de fuerzas políticas y el 54 por ciento de apoyo en las últimas elecciones lo habilitan. Sino tarde o temprano los trabajadores y los sectores populares pasarán a cobrar el apoyo electoral, que no ha sido un cheque en blanco”5.

Es una lectura del presente y el futuro que, en el fondo, acepta como ciertas las posibilidades del capitalismo local de hacerse cargo del bienestar y la justicia sociales. Da por sentado que el modelo de acumulación postconvertibilidad ha sido progresivo y la armonía del Estado con los oligopolios a que convoca (e implementa) la Presidenta favorece a los diversos de abajo. También, parece desconocer la función de las elecciones sobre todo cuando el gran protagonista es un partido de estado que ha ido perfeccionándose en concretar la democracia encubridora de la impunidad del poder económico transnacional y transnacionalizado.

Tratemos de incorporarnos a la lucha por otro país-mundo posible. João Pedro Stedile plantea:
Las propuestas unitarias para enfrentar la crisis

Frente
a esa situación, se realizó en Porto Alegre, como última actividad del Foro, una importante asamblea internacional de movimientos sociales, que produjo un documento de análisis y selló un acuerdo unitario, entre otras iniciativas, para:

a) Denunciar a los estados y gobiernos que están operando sólo en favor del capital;

b) Denunciar la máscara de economía verde, como un engaño para esconder la verdadera causa de los problemas ambientales que se reproducen en todo el mundo;

c) Tener claro que los principales enemigos del pueblo en esta etapa del capitalismo, son el capital financiero, las empresas transnacionales y los procesos de militarización y represión que ocurren en los países;

d) Luchar por una democracia verdadera, que supere la mera representatividad formal, la manipulación que los capitalistas están operando en relación a los gobiernos y construya nuevas formas de participación popular en los destinos de los países;

e) Esforzarse para realizar grandes movilizaciones de masas en todos los países, contra los enemigos comunes, única forma de poder alterar la actual correlación de fuerzas;

f) Defender los recursos naturales de nuestros países, como la cuestión de la soberanía nacional y popular, frente a la ofensiva y apropiación privada del capital;

g) Exigir de los gobiernos políticas públicas de protección de los intereses de la mayoría de la población, en especial de los más pobres y trabajadores;

h) Realizar esfuerzos para enfrentar el monopolio de los medios de comunicación de masas, que en todos los países manipulan a las masas y distorsionan las verdaderas causas de la crisis y sus graves consecuencias para la humanidad;

i) Redoblar esfuerzos para construir la unidad entre todas las fuerzas sociales en nuestros países y a nivel internacional, única forma de enfrentar la fuerza del capital(…)”6.

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