Los invito a reflexionar sobre UNASUR y su CEED (segunda parte)

UNASUR y su Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED):¿Rumbean a favor o en contra de los pueblos? X Elena Cedrón

‘Nueva’ función de los militares, Haití y la criminalización de los expulsados o desposeídos
Tiempo Argentino publica, a continuación de la noticia sobre el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, la nota “Un Ejército para el mundo” de David Smith (Dir. Centro de Información de la ONU en Bs.As.). Destaca:“(…)Sí, luego de los Estados Unidos, la ONU cuenta con el mayor número de efectivos desplegados en el mundo. Y, la gran diferencia, es que no han sido movilizados para combatir sino para mantener la paz en países que han atravesado intensos conflictos (…)”.
Veamos si es cierto. El 7 de marzo de 2007, Raúl Zibechi señala: “(…) La tragedia haitiana viene de muy lejos, pero el último capítulo comenzó a escribirse en febrero de 2004, cuando Estados Unidos, Canadá y Francia contribuyeron a la caída del presidente legítimo, Jean Bertrand Aristide, en lo que puede considerarse un golpe de Estado que constituye una flagrante violación de la Carta Democrática de la OEA (Organización de Estados Americanos).
Tropas latinoamericanas
El contingente militar de la ONU comandado por Brasil, fue desplegado en junio de 2004, cuatro meses después del golpe de Estado que derrocó a Aristide. (…) Desde el momento en que llegaron las fuerzas armadas de los países con gobiernos progresistas y de izquierda, se registraron por lo menos tres masacres en Cité Soleil. La primera fue el 6 de julio de 2005, cuando tropas brasileñas y policías haitianos dispararon sobre la población causando 23 muertos, aunque otros reportes elevan la cifra a 26. Semanas después, dos activistas estadounidenses vinculados al Haití Action Comitee (David Welsh de Berkeley y Ben Terrell de San Francisco) comprobaron en Cité Soleil la forma como operan los soldados de la MINUSTAH. “Disparaban hacia la calle y hacia el interior de la casas”, asegura Welsh. “Dicen que la población de los vecindarios dispara primero. Eso no es lo que vimos y no es lo que aquí se nos dijo. Las llamadas 'fuerzas de paz' de la ONU están desempeñando un papel muy destructivo”, apunta Terrell. La segunda masacre, como se dijo arriba, se produjo el 22 de enero de 2006. La tercera fue el 25 de enero de 2007, cuando tropas brasileñas apoyadas por efectivos bolivianos, uruguayos y chilenos realizaron una operación en Cité Soleil con un saldo de cinco muertos. En los tres casos no hubo heridos de la MINUSTAH, pero se registraron muertos haitianos que las fuerzas de ocupación consideran siempre “bandidos”. Se trata de un patrón de acción contra la población pobre de un barrio donde el partido Lavalas, que sostiene a Aristide, tiene gran apoyo entre la población. A comienzos de 2006 el diario Folha de Sao Paulo entrevistó a soldados brasileños que estuvieron en Haití entre diciembre de 2004 y junio de 2005. Los testimonios hablan solos. “El nombre Misión de Paz es para tranquilizar a la gente. En verdad no hay un día en el que las tropas no maten a un haitiano en un tiroteo. Yo mismo maté al menos dos”, reconoce un soldado que muestra fotografías de cadáveres arrojados a las calles de Cité Soleil devorados por los perros.

Preguntas sencillas, respuestas difíciles
Hasta aquí un brevísimo relato de hechos graves que confirman que los cascos azules de la ONU violan los derechos humanos y matan personas inocentes en Haití. A partir de estas constataciones se imponen algunas preguntas. ¿Por qué los gobiernos latinoamericanos progresistas y de izquierda envían soldados a Haití? ¿Por qué la población de esos países no reacciona contra el genocidio que “sus” soldados están perpetrando? Responder estas preguntas supone abordar tres aspectos: la geopolítica militar regional impulsada por Brasil, el papel de las izquierdas allí donde están en el gobierno y, finalmente, la relación entre la política exterior y la interna.
-En alianza con buena parte de los países de la región Brasil viene impulsando la creación de fuerzas armadas sudamericanas, un proyecto que ha sido bautizado como la “OTAN sudamericana”. El coronel brasileño Oliva Neto—responsable de la planeación estratégica de la presidencia—reveló en noviembre pasado que la cooperación militar sudamericana forma parte de uno de los proyectos del Sistema de Defensa Nacional para “impedir una aventura militar o la presión de algún país sobre la región o sobre una nación sudamericana”. Se trata de la defensa de los recursos naturales de la región y muy en concreto de la Amazonia, tarea prioritaria para las fuerzas armadas de ese país. Oliva Neto recuerda que el continente cuenta con “un nivel respetable de petróleo, la mayor reserva de agua del planeta y una rica biodiversidad”, lo que hace necesario poner en primer plano que ya, en su opinión, “existe una tendencia a mediano plazo de riesgo de presión internacional sobre América del Sur, a través del área militar”. Argumentó que cuando se agudice la falta de energía, agua y materias primas, y “fuera de América del Sur comiencen a generar estrés internacional, otros países podrían voltear los ojos hacia nuestra región”. Se considera que la misión militar de la ONU en Haití puede ser un anticipo de lo que será la fuerza militar sudamericana. O, en todo caso, un banco de pruebas tanto para la dirección de tropas internacionales como para la coordinación de los contingentes regionales. El éxito de la Misión sería una baza fuerte a jugar por Brasil a la hora de la creación de unas fuerzas armadas sudamericanas que, en los hechos, vendrían a completar la unidad político-económico que se pretende construir con la Comunidad Sudamericana de Naciones. En paralelo, se argumenta que el despliegue de la Misión sería una forma de poner límites al hegemonismo estadounidense en América Latina y buscar una proyección internacional que legitime sus aspiraciones de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

-La segunda cuestión tiene que ver con el papel de las izquierdas del continente. En muy poco tiempo cambiaron de opinión. Veamos apenas un ejemplo, el de Uruguay. En julio de 2004, cuando el Senado uruguayo debía decidir el envío de tropas a la isla, el entonces senador y actual canciller, Reinaldo Gargano, fue tajante al oponerse el envío de tropas defendido por el presidente Jorge Batlle: “Las fuerzas de paz van a convalidar a un usurpador del poder y se enfrentarán a situaciones peligrosas”. El senador Eleuterio Fernández Huidobro, fue más lejos al comparar la situación en Haití con la de Irak. “Estados Unidos lanza la guerra y después llama a la ONU para que arregle las cosas. En Haití es lo mismo, Estados Unidos fomenta el derrocamiento de Aristide y ahora pretende que otros resuelvan el entuerto”, dijo cuando era opositor7. Apenas un año después, la izquierda uruguaya en el gobierno decidió apoyar la Misión en Haití y aumentar los efectivos en la isla. Sólo un diputado, el veterano socialista Guillermo Chifflet, tuvo el coraje de renunciar a su banca antes que convalidar con su voto un viraje humillante. Lo sucedido en Uruguay es casi un calco de lo que pasó en otros países. No existió debate serio y profundo y las izquierdas y los progresistas se limitaron a ofrecer hechos consumados aún sabiendo que en poco tiempo habían cambiado radicalmente de posición, sólo por el hecho de estar en el gobierno. (…)

-La tercera cuestión es algo más compleja. A mediados de febrero de 2007 las agencias difundieron una foto de un soldado afroamericano amenazante apuntando su fusil a la cabeza de una mujer, también afroamericana, que protestaba contra la acción militar. Podía ser un soldado brasileño en Cité Soleil o en cualquier lugar de Haití. Pero no. Era una operación militar en las favelas de Río de Janeiro con la excusa de combatir a los “bandidos”. Las piezas sueltas empiezan a cobrar sentido. El analista Juan Gabriel Tokatlián de la Universidad de San Andrés, se hace la misma pregunta sobre la Misión de los gobiernos progresistas en Haití: “¿Es un ensayo previo a lo que podría ocurrir con la participación de las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico en las favelas de Rio de Janeiro?”. Parece obligado establecer un vínculo entre ambos hechos. El hilo que los une es la guerra contra los pobres, camuflada como combate al narcotráfico y a los bandidos y en defensa de la democracia. Lejos de ser una misión humanitaria, la presencia de los cascos azules en Haití es un hecho político con objetivos políticos. Que no son otros que impedir la expresión independiente de los haitianos, sobre todos los pobres de barrios como Cité Soleil que apoyan al movimiento Lavalas de Aristide. La masacre del 6 de julio de 2005 fue considerada por el Proyecto de Información de Haití (HIP, por sus silgas en inglés) como “un ataque preventivo de la ONU y de las elites opulentas de Haití para sofocar el impacto de las protestas que estaban programadas para el día del aniversario de Aristide, que tendría lugar nueve días después en el 15 de julio”. La segunda masacre respondió a un patrón similar. “El 16 de diciembre pasado vimos otra gran manifestación de apoyo a Aristide que comenzó en Cité Soleil, y seis días más tarde la ONU llevaría a cabo un asalto mortífero que los residentes y grupos de defensa de los derechos humanos dicen que ha ocasionado una gran matanza de víctimas inocentes”.

Modificar el mapa político
El director del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, Brian Concannon, señala que “es difícil no advertir una relación entre las grandes manifestaciones ocurridas en Cité Soleil y los barrios que la ONU ha seleccionado para realizar extensas operaciones militares”. El castigo de las tropas de la ONU va más lejos. Los helicópteros destruyeron los tanques de agua y la población debe caminar kilómetros para llenar un balde. Según el HIP, la MINUSTAH tiene camiones cisterna pero entrega el agua a especuladores privados que la revenden a la población pobre que no tiene con qué comprarla. Así y todo, el pasado 7 de febrero más de 100 mil personas se manifestaron en todo Haití reclamando el fin de la MINUSTAH y el retorno de Aristide. Todo indica que la ONU decidió hacer uso de la fuerza militar para modificar el mapa político, sin conseguirlo pero agravando la situación de inestabilidad. Si el carnaval fuera un termómetro para medir la opinión de la población, todo indica que la inmensa mayoría de los haitianos repudia a los cascos azules de la ONU. El blanco más popular es precisamente la MINUSTAH y los burócratas de la ONU. No es para menos. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, denunció en 2005 desde Puerto Príncipe que el primer año de la ocupación de los cascos azules se produjeron 1.500 muertos, a razón de 20 por día. Diversos testimonios acusan a las fuerzas armadas de Brasil de violación de los derechos humanos. La coordinadora latinoamericana de Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) Ana Juanche, señala: “La MINUSTAH estaba para consolidar los procesos de pacificación, pero está formando a la policía, entrenándola y acompañándola en la resolución de casos de violencia, reprimiendo manifestaciones, sacando muertos de los barrios. Yo vi la petulancia con la que se despliega y circula la MINUSTAH por la calles, corriendo a la gente, desviando el tránsito por el solo hecho de que ellos pasan”. Pero es la lectura de los porqués lo que más interesa. “La presencia de la ONU es una nueva humillación, una nueva oportunidad que se les niega a los haitianos de determinar su propio destino. Hay un gran porcentaje de la población que sostiene que era el pueblo quien estaba reivindicando la salida de Aristide, que había perdido gran parte de su popularidad por las serias violaciones a los derechos humanos que patrocinaba. Eran los haitianos que buscaban una salida y, cuando Aristide estaba a punto de caer, viene Estados Unidos y se lo lleva. Ese sector cree que se les negó el protagonismo como actor político y conciben a la MINUSTAH como una nueva negación del derecho de autodeterminación”, sostiene Juanche.
En los barrios de Puerto Príncipe, como en las favelas de Río de Janeiro y San Pablo, en las barriadas de Bogotá y Medellín, se está jugando una guerra contra los pobres que no tiene la menor intención de superar la pobreza sino de impedir que se organicen y resistan. El urbanista Mike Davis, que ha estudiado en detalle los cambios urbanos en las ciudades de Estados Unidos, sostiene que el fenómeno de las periferias urbanas “ha despertado también el interés de los analistas militares del Pentágono, que consideran estas periferias laberínticas uno de los grandes retos que deparará el futuro a las tecnologías bélicas y a los proyectos imperiales”. En esas periferias, sigue Davis, “en la última década los pobres se han estado organizando a gran escala, ya sea en una ciudad iraquí como Sader City o en Buenos Aires”. Si el Pentágono está ahora obsesionado con la arquitectura y el planeamiento urbano es porque tiene la amarga experiencia de que en esas periferias la superioridad militar no es nada. En la guerra contra los pobres urbanos, es donde las estrategias de George W. Bush y de algunos gobiernos progresistas de Sudamérica se dan la mano”. Leer
El 12 de abril de 2011, Raúl Zibechi advierte: “La intervención de la MINUSTAH en Haití, o sea la invasión militar de la isla, es un parteaguas en la historia reciente del continente. Lo habitual, desde hace cinco siglos, era la intervención de potencias del Norte, Europa primero, luego de los Estados Unidos, que acostumbraron invadir, colonizar y dominar los territorios de lo que hoy conocemos como América Latina. Se cuentan por decenas, tal vez cientos, las ocupaciones, agresiones y ataques que han sufrido los más diversos países de nuestro continente. Es la historia del colonialismo y del imperialismo. Pero lo de Haití es algo diferente. Es cierto que participan países de varios continentes bajo la bandera de la ONU, pero eso no es lo fundamental. Aquí lo decisivo, lo verdaderamente nuevo, es que se trata de una invasión comandada por Brasil (que como saben tiene el comando militar de las tropas) y es ejecutada por un conjunto de países entre ellos Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guatemala. La mayor parte de los soldados que están en Haití provienen de países cuyos gobiernos están administrados por fuerzas políticas que se dicen de izquierda o progresistas, y en algunos casos se proclaman como revolucionarios. En efecto, la mayor parte de los 8.700 militares pertenecen a países con esos gobiernos progresistas (4.435)…”. Leer



Consejo de Seguridad Interior para perfeccionar la represión de las luchas sociopolíticas y políticosociales
“El Consejo de Seguridad Interior es un organismo federal creado por la Ley 24.059 de Seguridad Interior; es presidido por la presidenta de la Nación y todos los gobernadores, quienes delegan en los respectivos ministros la tarea de llevar adelante las acciones que tiene que ver con lo que se denomina el esfuerzo nacional de policía. Respecto a la reunión con los encargados de las carteras de Seguridad de las provincias de Córdoba y Entre Ríos, Gaviola indicó que la misma "se centrará en dos temáticas. Por un lado, se analizarán los protocolos de actuación presentados por la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, en la primer sesión del Consejo de Seguridad Interior desarrollada semanas atrás en Buenos Aires; y por otro, se avanzará en el diseño de operativos conjuntos entre las fuerzas federales y provinciales en la Región Centro".En tal sentido, el titular de la cartera de Seguridad provincial manifestó: "Buscaremos trabajar conjuntamente con las provincias vecinas en el perfeccionamiento de los protocolos de actuación, ya que su concreción unificará en todo el país criterios de actuación policial en temáticas tan diversas como son la trata de personas, el abordaje de una escena del crimen o la intervención del Estado ante protestas sociales”.Los participantes buscarán avanzar en los documentos que fijen los protocolos de actuación policial con vistas a la segunda reunión del Consejo de Seguridad del Interior a desarrollarse en junio en Resistencia, Chaco”. Leer

CORREPI nos ayuda a profundizar al comunicar: “el 29 de marzo de este año se reunió el Consejo de Seguridad Interior (CSI), que agrupa a todos los ministros del país, de los que dependen las fuerzas de seguridad provinciales, a fin de implementar una política común para reprimir la protesta social. Teniendo en cuenta que estamos en épocas electorales es lógico que busquen la mejor manera de hacerlo con el menor costo político posible. Por ello esta última semana hasta se cuidaron de hablar de represión y utilizaron eufemismos del tipo “control de la protesta social”, o “control inteligente de la protesta” para “evitar cualquier tipo de desborde”.El plan consiste básicamente en tratar de cooptar la eventual protesta y, si no se logra, ahí sí aplicar la represión. Recaerá sobre aquellos que salgan a luchar en forma independiente. Ese es el significado que debe darse a declaraciones que indican que el procedimiento represivo consistirá en determinar cuál es el conflicto, quiénes son los actores principales y detectar a los “potenciales actores desestabilizadores”. Es decir, se hará inteligencia y, si no se los puede cooptar se los reprimirá. Se señala además que habrá un grupo especial listo para entrar en acción “como último recurso”.Así, quienes se organicen y salgan a luchar por mejores condiciones de vida en forma independiente del gobierno deberán esperar el intento de cooptación, la saturación de fuerzas de seguridad en el lugar de la movilización y la actuación de grupos de élite especializados en la represión de la protesta.Esta decisión política será coronada luego con el armado de causas a los luchadores apelando a artilugios legales que transformarán al ejercicio de derechos básicos, como luchar por mejores condiciones de vida, en delitos con penas durísimas.Actualmente CORREPI defiende a tres compañeros militantes del PTS acusados de cortar dos avenidas durante el conflicto de Kraft-Terrabusi. El dato es la forma en que seleccionaron a los compañeros imputados: buscaron caras conocidas en las fotos y videos policiales y las compararon con fotos de otros actos y de las páginas web de las organizaciones políticas (…)”. Leer
Ya el 10 de Febrero de 2010, la Unión de Asambleas Ciudadanas nos sitúa a través de su Declaración sobre la criminalización y judicialización de la protesta social y en contra del saqueo, la contaminación y la militarización de nuestros territorios: “Como colectivo asambleario creemos que, sin lugar a dudas, la judicialización y criminalización a las asambleas, comunidades y movimientos sociales que defienden sus territorios, es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente en general y a nuestro país en particular. En nuestros países se vienen imponiendo estados que actúan bajo los designios de la seguridad preventiva, considerando que es necesario “prevenir” toda manifestación de oposición a la forma de vida que pretenden que sea nuestro “destino manifiesto”. Sin embargo, una vez “puestas de manifiesto” esas oposiciones, ya no basta la prevención y se les hace necesario desplegar mecanismos que frenen las rebeldías en defensa de los territorios, entendidos por sus defensores/as no sólo como espacios geográficos que habitan, sino como ámbitos en los que se construye el sentido de la vida. (…)Las principales víctimas de la criminalización y de la violencia ejercida desde el poder son los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y campesinas, trabajador/as desocupados/as y precarizados/as y poblaciones afectadas por los nuevos emprendimientos del modelo de “desarrollo” de esta fase del capitalismo neoliberal, muchas de las cuales se constituyen en asambleas e integran la UAC. Sin embargo, nuestra condición de víctimas de la represión es totalmente desvirtuada por los medios de comunicación masivos que se encargan de presentar las batallas por los derechos sociales, culturales y ambientales como delitos y por ende, a los/as sujetos sociales que las promueven como delincuentes, tergiversando la legitimidad de las luchas sociales y generando, en la sociedad en su conjunto, subjetividades basadas en el miedo al diferente, que desemboca en la fragmentación de la sociedad en grupos irreconciliables entre sí. (…). De esta manera, pasan a demonizarse las luchas de quienes se oponen al Saqueo y la Contaminación. En esta instancia también se suma la invisibilización de los disensos, es decir que se desacreditan y esconden las investigaciones científicas que demuestran los impactos negativos, dando visibilidad a todos aquellos académicos funcionales al sistema de saqueo y contaminación. De la misma manera se desacredita todo aquello que provenga de la acumulación de saberes ancestrales, a través de una serie de falsedades como que quien se opone a este modelo, se opone al “progreso” y al desarrollo. Son nuevamente estos mismos medios masivos de in-comunicación los que NO dicen que este modelo es sólo de crecimiento económico, NO dicen que el desarrollo y el progreso así NO son posibles.La aprobación de la ley antiterrorista a nivel nacional y las reformas de los códigos contravencionales que se vienen implementando en varias ciudades del país, son consecuencia de este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida, y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los poderes políticos en general.Estos mecanismos legales justifican la vigilancia, la persecución y el control sobre las poblaciones y comunidades, en especial las que se oponen a la devastación de los territorios por parte de los grandes capitales, las que desarrollan estrategias de supervivencia frente a un modelo que los lanza hacia la exclusión y la pobreza y las que se empeñan, desde hace más de 500 años, en ser reconocidas y respetadas en su diversidad étnica, cultural y espiritual.

¿Quiénes son los terroristas?:Teniendo en cuenta el marco legal de la criminalización de la protesta y la pobreza, es importante destacar que el artículo 213 ter de la ley antiterrorista aprobada en la Argentina en 2007 considera que una asociación ilícita terrorista es aquella que reúne las siguientes características; -tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; -estar organizada en redes operativas internacionales; y –disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida y la integridad de un número indeterminado de personas. Frente al contenido de este posicionamiento podemos vislumbrar quienes son los verdaderos terroristas. Tanto la propagación de distintos odios, como la existencia de redes operativas internacionales, como la puesta en peligro de la vida e integridad de un número indeterminado de personas son características completamente aplicables a las formas de operar de las empresas transnacionales y sus socios políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida(…)”. Leer

UNASUR reconoce como democracia al estado terrorista de Colombia
Azalea Robles nos informa sobre la “Semana contra la Desaparición Forzada” en Colombia durante la última semana de mayo: “(…) El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de las dictaduras de Argentina y Chile reunidas: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas, según un informe de Medicina legal. Para una estimación total en los últimos 20 años de 250.000 personas desaparecidas, según lo denunció Piedad Córdoba (…)”.

También nos indica: “(…) Los desaparecidos son invisibilizados por un estado que quiere perpetuar el mecanismo genocida de acumulación de capital en pocas manos, bajo el manto de la impunidad. Un estado que pretende perpetuar la práctica del genocidio como viabilización del saqueo de los recursos, mediante constantes desapariciones de personas: estudiantes, campesinos, indígenas, sindicalistas, maestros, periodistas, artistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos... todo aquel o aquella que reivindique contra la aberración que constituye que siendo Colombia unos de los países más ricos del mundo, su población sufra hambre. Arriesga su libertad y su vida aquel o aquella que alce su voz contra la injusticia social que arroja que 20.000 niños menores de cinco años mueren anualmente por desnutrición y carencia de acceso al agua potable en el 4to país con más riqueza hídrica del mundo. Colombia tiene índices de desigualdad social (coeficiente GINI) que la sitúan entre los países más desiguales del mundo, según datos de Naciones Unidas. Según Samuel Azout, alto consejero para la Prosperidad, Colombia sería hoy el cuarto país del mundo en desigualdad, con un índice Gini de 0,58(…)”.

Nos explica: “La desaparición forzada cumple una función central en la estrategia de “disuasión de la reivindicación”, a la sociedad se le envía el siguiente mensaje: “el que persista en reclamar derechos sociales, económicos, políticos, correrá la misma suerte”. Este mensaje busca someter mediante el terror y viene acompañado del mensaje de la plenipotencia del estado que está en capacidad de desaparecer en plena impunidad. La desaparición forzada evidencia la impotencia que representa el encontrarse permanentemente vulnerable ante el poderío de un estado omnipotente en todas las instancias: la militar, la paramilitar, la legal, la administrativa. A la angustia por los sufrimientos del ser querido desaparecido se suma la impotencia de no obtener verdad ante entidades estatales. Son innumerables las trabas que encuentran los familiares de desaparecidos por parte del estado, para que sea reconocida oficialmente la desaparición de su familiar, en un intento estatal evidente de desaparecer no solo al desaparecido, sino al hecho de la desaparición en sí. La sociedad se ve triplemente vulnerada: es privada de un ser humano y sus ideas, es vulnerada en los procesos organizativos que constituyen el progreso histórico de las sociedades y es sometida a constatar la plenipotencia e impunidad de los victimarios. Familiares, testigos, abogados y en general denunciantes de desaparición forzada son sistemáticamente víctimas de amenazas, torturas, cuando no de asesinatos o víctimas ellos mismos de desaparición forzada: la fuerza pública y su herramienta paramilitar activan cualquier mecanismo para conseguir impunidad (…)”.Leer

Plan Colombia
En febrero de 2001, se publica“Plan Colombia: Intervención militar de manos del ALCA” donde Ginny Santos nos da a conocer: “En abril del 2000, l@s defensor@s del ALCA consiguieron la aprobación de un paquete de ayuda llamado Plan Colombia. Inicialmente propuesto por el gobierno Colombiano, el plan fue después ratificado por la administración Clinton, después de un prolongado cabildeo por las partes interesadas. El plan consiste en un paquete de más de 2 billones de dólares para el estado colombiano y la guerra, con el principal objetivo de recuperar el contral del estado sobre el país, mientras se crea un terreno seguro para inversionistas. 1.3 billones de dólares vendrían de los Estados Unidos, con una cantidad equiparable de la Comunidad Europea, mostrando que a pesar de que el ALCA es un asunto del continente Americano, los intereses económicos de Europa, al igual que los de Japón, tienen el mismo objetivo en mente.

Aunque los medios de comunicación del oeste describan el Plan Colombia como una ayuda a un país desgarrado por lo que presentan como una guerra contra las drogas, es un plan diseñado para facilitar el ALCA. Para poder entender completamente como el Plan Colombia cae dentro del mandato del ALCA, es importante tener algún conocimiento previo de la historia socio-económica de Colombia. En Colombia, la violencia política ha sido una experiencia familiar para muchas generaciones. Desde principios del siglo XX, ha habido un sistema electoral bipartidista, que ha suprimido cualquier posibilidad de oposición. Dentro de ese sistema ha habido continuas bolsas de resistencia. Las primeras comunidades negras, quienes se las arreglaron para organizar exitosamente la resistencia de las plantaciones de esclav@s, introduciéndose en la jungla del norte de Colombia, donde se formaron las actuales comunidades libres llamadas "Palenques". Fueron las primeras en conseguir ser reconocidas autónomas por la monarquía española. Mientras tanto, varias comunidades indígenas han estado luchando por todos los medios posibles contra la invasión de sus tierras por las Transnacionales que quieren perforar en los territorios sagrados o las plantas eléctricas que quieren construir represas, dando como resultado cientos de muertes por enfermedades y el desplazamiento de toda la comunidad.

Dentro de este contexto, Colombia sigue siendo un país rico en recursos naturales y es considerado una excelente ruta comercial, debido a su situación geográfica, con parte costera tanto al océano Atlántico como al Pacífico. Sus principales recursos naturales son petróleo, carbón, oro, esmeraldas, platino y uranio. Sus principales exportaciones son café, flores exóticas, azúcar, bananas y algodón. Colombia está también expandiendo su industria maquiladora. De todas formas, los numerosos movimientos de resistencia y la larga historia de la organización sindical, no son bienvenidos por l@s inversionistas extranjer@s, quienes escogen contratar militares privados/paramilitares para asegurarse su establecimiento. British Petroleum, por ejemplo, ha intervenido directamente en la actual guerra, contratando mercenarios que trabajan con los militares en estrategias contrainsurgentes para proteger a la industria petrolera de los ataques con bombas de la guerrilla, como también de la organización sindical. Las Organizaciones sindicalistas son también una fuerte amenaza contra la maximización de las ganancias, lo que ha conllevado el asesinato de no menos de 79 sindicalistas en Colombia en un año (2000), además de los asesinatos de 4000 activistas de la oposición y 3000 sindicalistas en 14 años de violencia.
Aún así, el estado colombiano continúa siendo ensalzado como la más antigua democracia en Latino América.Este es el estado que ha recibido el Plan Colombia como un paquete de ayuda. Fue inicialmente descrito como un plan para la lucha contra el narcotráfico, después de un intenso cabildeo por parte de muchas corporaciones, cuyos intereses no tienen nada que ver con la política sobre drogas. Esas corporaciones incluyen Occidental Petroleum Corp., BP Amoco, United Technoloty Corp., (productor de helicópteros militares), y Bell Helicopter Textron Inc. Por ello, no sorprende que el 85 % del paquete de EEUU a Colombia deba ser gastado en armas militares. Mientras tanto, uno de los principios del ALCA declara un claro compromiso a la "no-intervención y la resolución pacifica de conflictos". Así que, ¿un financiamiento para la escalada de la guerra, el entrenamiento de un ejercito conocido por sus atrocidades contra los derechos humanos, la fumigación a las únicas cosechas que pueden sustentar las vidas de la gente, y la compra de material de guerra avanzado es calificado como no-intervención y resolución pacífica?
Quizás, la pregunta a plantear es cuáles son las intenciones reales detrás del Plan Colombia. Esto es donde el verdadero ALCA, más que su bien-sonada declaración de principios, entra en juego.El proceso por el cual el ALCA es negociado, es a través de nueve grupos de trabajo, de los cuales - como una interesante nota aparte - el que se refiere al "acceso al mercado" deberá ser presidido por Colombia. Cada año, cada uno de los 34 países, representado por sus ministros de comercio, llevan a la práctica diversos compromisos dentro de cada grupo de trabajo. Algunos de los pasos dentro de este plan de acción que Colombia ciertamente está encabezando son: (a) "Combatir los problemas de las drogas ilegales y los crímenes relacionados" y (b) "Combatir el terrorismo".

Así pues, el Plan Colombia aparece perfectamente en escena en el momento justo siendo una de sus principales responsabilidades "la reducción del cultivo, proceso y distribución de narcóticos" y el fortalecimiento de la policía y las fuerzas armadas. De todas maneras, el objetivo, no es realmente poner fin a la producción de coca, sino poner fin a la históricamente enraizada oposición y resistencia al ilegitimo sistema bipartidista y la agenda neoliberal. Como resultado, las victimas no son los grandes carteles de la droga, quienes se beneficiarán por la compra de las tierras fumigadas que los campesinos se encontrarán forzados a vender, tampoco los bancos estadounidenses y las corporaciones químicas que son bien conocidas por estar relacionados con los negocios del narcotráfico. Las víctimas son en realidad l@s campesin@s, l@s pobres urban@s, la guerrilla, los pueblos indígenas luchando por proteger su tierra y sus vidas, las comunidades negras buscando el autogobierno y la protección de la libertad por la que han luchado por tanto tiempo, y básicamente cualquiera que se oponga a la suprema economía del libre mercado que el ALCA está intentando imponer.

Hay muchos más beneficios en la guerra en Colombia. Para empezar, Colombia ahora tiene el tercera puesto mundial en lo referente a población desplazada. L@s refugiad@s intern@s son principalmente campesin@s, pueblos indígenas y agrocolombian@s, quienes son forzad@s a abandonar sus pequeños lotes de tierra, escapando de la violencia. Entre 1995 y 1999, el número de personas desplazadas supero el millón. La mitad de la gente desplazada forzosamente son colombian@s negr@s. La cuestión es, como Hector Mondragón, un analista colombiano viviendo en la clandestinidad declara, "no es el simple hecho que la gente ha sido desplazada por la guerra, sino también algo más importante, que la guerra está siendo específicamente hecha para desplazar gente". La razón de fondo es que el desplazamiento permite a grandes terratenientes, conocidos como "latifundistas", comprar más tierra para la producción a gran escala de la coca y cosechas para la exportación, dando como resultado un mayor enriquecimiento de la élite a expensas del pequeño campesinado. Nosotr@s hemos sido testig@s de la nueva política exterior. Una política de guerra, donde el comunismo ya ha dejado de ser la excusa para la intervención ilegitima de occidente, ahora la excusa para un intervención que está siendo legitimada por las fuerzas del libre mercado y por el libre mercado es el narcotráfico Ya en la anterior guerra, conocida como "La Violencia", entre 1948 y 1958, alrededor de 2 millones de campesin@s fueron desplazad@s y 200,000 asesinad@s. Durante ese periodo, las grandes plantaciones de caña de azúcar se extendieron junto con la producción de algodón, el cual creció un 500%. Esto deja la producción de coca como la única cosecha rentable que l@s campesin@s producen. De todas maneras, cuando son desplazad@s de sus tierras y entran en la selva, el costo de producción se incrementa, lo que significa que el/la campesin@ es forzada a trabajar más duro y plantar más hojas de coca para poder sobrevivir. En 1999, a pesar de que 16 mil hectáreas de plantaciones ilegales fueron destruidas, otras 38 mil nuevas fueron plantadas. Así pues, es bien sabido que las fumigaciones no erradican la producción de coca y que el incremento de la violencia no es la solución al narcotráfico, pero ambas son de hecho una solucion a la no querida sobrevivencia y autonomía de l@s pobres y a la difusión de la oposición al neoliberalismo.
Es obvio que l@s defensor@s del ALCA están también tomando en cuenta sus experiencias desde la implementación del NAFTA. En 1993, en una reforma constitucional, México eliminó los derechos inalienables de las tierras comunales, resultando en el alzamiento armado de l@s Zapatistas. Ahora el NAFTA debe ser expandido. Colombia es el siguiente estado en el que se espera la implementación de una reforma constitucional similar. De hecho, el ex-presidente Pastrana hizo una declaración pública en febrero del 2000, en referencia a la reforma constitucional en favor del libre comercio. Tal reforma consiste en hacer accesible toda la tierra para inversiones extranjeras. Un paso que es esencial para la creación de un área de libre comercio. La inalienabilidad de los territorios indígenas al igual que los territorios que pertenecen a las comunidades negras de Colombia fue un derecho que consiguieron asegurar en la constitución de 1991. Aunque en la práctica este derecho sólo ha conseguido dar a los pueblos indígenas y afrocolombianos una relativa protección, es vital que se mantenga dicho reconocimiento. Las autoridades saben que tal reforma constitucional probablemente conllevará una situación similar a la que se enfrentan las autoridades mexicanas y sus inversores. Así pues, el Plan Colombia servirá para -por la fuerza- habilitar más tierra a través del desplazamiento de "campesin@s", mientrás al mismo tiempo se fortalece el ejercito en miras al incremento de la oposición.
La concentración de la propiedad de tierras para la producción a gran escala no es la única razón por la que la tierra es tan valiosa, no es la única razón por la que el desplazamiento de la gente es tan deseable en los ojos del capitalismo. El ALCA, junto con las instituciones financieras internacionales como el Banco Muncial y el FMI, tienen otros proyectos en mente para Colombia. Planean usar grandes extensiones de tierra colombiana para construir nuevas infraestructuras para el comercio. Esto incluye la construcción de un canal seco conectando el Atlántico-Pacífico con conexiones al sistema ferroviario, como también la construcción de nuevas extensiones de autopistas entre puertos, ríos y el Amazonas. Además, al igual que otros miembros del área de libre comercio, se espera de Colombia que abra sus servicios públicos, tales como educación, sanidad, agua, etc. a inversionistas privados. Y dada la exitosa historia de la resistencia boliviana contra la privatización del agua, será práctico para el estado colombiano el haber incrementado su capacidad militar y su reinado de terror.
Mientras tanto, las comunidades negras han hecho un activo movimiento hacia la internacionalización de su lucha, ya que se ha hecho obvio que sin el apoyo de la solidaridad internacional sería imposible resistir al incremento de la represión militarizada. Su actual situación de peligro se incrementa alarmantemente, dado que sus territorios autónomos están en el camino de los grandes proyectos de infraestructura. L@s negr@s en Colombia han luchado desde su llegada al continente desconocido por proteger su propia cultura, han creado sus propios métodos autónomos de supervivencia y desarrollo y creado su propia identidad como colombian@s negr@s con derecho a ser diferentes. Hoy, l@s negr@s constituyen cerca del 30 % de la población colombiana. Algun@s viven en "palenques" (comunidades autónomas negras) mientras que otr@s están dispersos por el país. La producción de coca en sus tierras, existe porque no tienen otra alternativa como medio de subsistencia.



Parte del Plan Colombia es un esquema para sustituir la coca por cinco cosechas de exportación (por ejemplo bananas y pimientos). Esto significa que cualquier tierra que no esté en el camino de los megaproyectos será convertida en plantaciones administradas centralmente despojando a la gente de su autonomía para convertirlos en trabajador@s asalariad@s. Las comunidades negras reconocen esto como una violación a su libertad. Sus movimientos se basan en una enseñanza ancestral que dice: "Soy porque somos", que significa que cada individuo sólo puede ser libre si la gente que le rodea también es libre. En este tiempo de globalización capitalista, sólo ven su lucha como un éxito si otras luchas por la libertad también lo logran.
Por la misma razón que el ALCA es sobre todas las Américas, los efectos del Plan Colombia no se mantienen dentro de las fronteras colombianas. Los movimientos sociales están alzándose en todos los países vecinos a Colombia. Y Venezuela, con incluso mayores campos petrolíferos que Colombia, está siendo un lugar de preocupaciones para el capitalismo occidental, ya que se sabe que el presidente Chávez esta negociando con Cuba, Irak y otros productores de petróleo no occidentales. Así pues está dentro de los intereses de los productores petroleros occidentales que EEUU tenga una fuerte presencia militar en Sudamérica. Por tanto, una de las tareas del Plan Colombia será construir bases en los países circundantes. En Panamá, por ejemplo, cerca de la frontera colombiana, el pueblo indígena Kuna vivia pacificamente. En la actualidad, están peleando contra las intenciones estadounidenses de crear una base naval en su tierra, mientras están siendo intimidados por el incremento de la presencia de soldados estadounidenses. El ejercito estadounidense proclama que ell@s tienen que estar ahí para proteger a l@s Kuna ya que esperan que las guerrillas colombianas se muevan más cerca hacia la frontera norte, y la producción de coca se extenderá al exterior (…)”. Leer