Solidaricémonos con exigir la libertad de Joaquín Pérez Becerra y el reconocimiento de que Colombia es un estado terrorista pro yanqui

Comunicado sobre la violación del derecho y de la solidaridad del Gobierno venezolano "Vuelve a la memoria la sombra del Plan Cóndor" por Exiliados Colombianos en el Cono Sur(Traspasa los Muros)

Resulta inquietante que en la coincidencia entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela en el hecho, se impuso la lógica de ilegalidad y violación de los Derechos Humanos que ha caracterizado los gobiernos colombianos, particularmente Uribe y Santos y que habían pretendido en vano imponer sobre otros países. Antecedentes similares recientes sólo se registran con la detención ilegal del profesor Miguel Ángel Beltrán en México sin que en su caso existiera un estatus de refugio reconocido. Inevitablemente vuelve a la memoria la sombra del Plan Cóndor
COMUNICADO:
Todo nuestro compromiso con la Patria Grande: no con las oligarquías criminales y el imperialismo
No es noticia nueva, y por desgracia, que los opositores políticos de la oligarquía colombiana seamos condenados extrajudicialmente a la muerte, a la prisión o al exilio. Cada pérdida dolorosa de un resistente (sea activista social o combatiente) ratifica sin embargo, la naturaleza excluyente, represiva y reaccionaria de un régimen cada vez más descompuesto. Sin otra alternativa histórica distinta a la persistencia, nos alegramos cuando la voz del pueblo rebrota y reclama, nos reconforta el sueño común de la Patria Grande y de la América Nuestra. Difícil de aceptar resulta en cambio, el golpe que viene del que se considera amigo, esa soledad es más profunda y la estupefacción tarda más en disiparse. No podemos olvidar las posturas del Gobierno de Chávez por el reconocimiento de estatus de beligerancia a la insurgencia, por la búsqueda de la salida política al conflicto colombiano, la solidaridad y la dignidad con los pueblos hermanos agredidos por la oligarquía colombiana y el imperialismo. No podemos olvidar que las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales producidas en el pueblo venezolano son el resultado del actual proceso. Todo ello ha configurado el tamaño de nuestro compromiso, todo ello determina la dimensión de nuestra expectativa.

Asumiendo el pensamiento crítico, tratamos de entender la particularidad histórica de cada pueblo, de cada proceso. Sus formas, sus ritmos y sus retos. Tratamos de explicar, con malestar y con esfuerzo, que el discurso de la Patria Grande y la integración latinoamericana chocara contra las fronteras venezolanas que exigen visa a sus vecinos más cercanos. Tratamos de explicar por qué los espesos operativos de la Guardia Nacional abren casi siempre sus puertas al soborno, que pagan fácilmente paramilitares y narcos, y restringe, maltrata y saquea el migrante pobre. Tratamos de explicar la inviabilidad de invocar protección humanitaria en Venezuela para los miles que buscan refugio cruzando fronteras, la filtración de sus datos hasta las manos de sus victimarios. Es complejo el conflicto colombiano -nos dijimos- no puede el Gobierno de Chávez azuzar súbitamente tensiones con las fuerzas de seguridad, no es simple incorporar el discurso de Derechos Humanos que desvalorizó la oposición. Todas estas respuestas nunca nos resultaron suficientes… pero tratamos de entender.

La situación actual generada con la detención y extradición ilegal del periodista colombiano Joaquín Pérez rebasa todo intento de explicación desde la perspectiva ética y política que caracteriza al pensamiento bolivariano, representa una negación al principio de solidaridad, al derecho a disentir y al compromiso de lucha con la Patria Grande.Desde el punto de vista del derecho resulta también insostenible. Si el proceso dice fundamentarse en pruebas halladas en el computador de Raúl Reyes, que se demostró fueron manipuladas, ¿proceder con la extradición significa que se consideran válidas las pruebas? ¿Habrá entonces que darle credibilidad a las acusaciones formuladas contra los gobiernos de Venezuela y Ecuador, construidas desde el mismo material probatorio?Desde el punto de vista del Derecho internacional de los Derechos Humanos, ¿cómo se justifica la violación de convenios y protocolos que exigen respeto a los derechos de los perseguidos políticos cobijados bajo el estatus de refugiado?

Resulta inquietante que en la coincidencia entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela en el hecho, se impuso la lógica de ilegalidad y violación de los Derechos Humanos que ha caracterizado los gobiernos colombianos, particularmente Uribe y Santos y que habían pretendido en vano imponer sobre otros países. Antecedentes similares recientes sólo se registran con la detención ilegal del profesor Miguel Ángel Beltrán en México sin que en su caso existiera un estatus de refugio reconocido. Inevitablemente vuelve a la memoria la sombra del Plan Cóndor.Nos corresponde a los pueblos, a los bolivarianos, a los defensores de Derechos Humanos, a los partidarios de la Patria Grande, salir a la calle denunciar el hecho, exigir la libertad inmediata de Joaquín Pérez y la rectificación de las medidas tomadas. Todo nuestro compromiso con la Patria Grande, no con las oligarquías criminales y el imperialismo. Exiliados Colombianos en el Cono surTraspasa Los Muros internacional La Lucha social no es un delito, es un paso hacia la Libertad... PRESXS POLÍTICXS A LA CALLE !!! www.traspasalosmuros.net
http://www.rebelion.org/Colombia/ 01-05-2011

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El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo corresponde a Colombia

“En Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano”
La organización de las víctimas, paso fundamental para poner punto final a las prácticas genocidas

La violencia antisindical se da en medio de la persistencia de la crisis de derechos humanos, la continuidad del conflicto interno, la implementación de la política de “Seguridad Democrática” y la militarización de la sociedad, que muestra fenómenos de reincidencia en el actual momento de victimización de los jóvenes, niños y niñas como en el caso de Arauca por agentes del Estado; la denuncia de la Presidenta del Polo Democrático, Clara López, donde señala que del 7 de agosto al presente, han sido asesinados 50 líderes y defensores de derechos humanos, entre ellos, líderes que reclamaban la restitución de tierras; una nueva escalada de masacres, una diaria ocurrida en la semana del 8 al 12 de noviembre de 2010, lo que arroja como resultado una creciente victimización de la sociedad colombiana demostrando la persistencia de fenómenos como la parapolítica, el apoyo a la violencia por parte de algunos empresarios y multinacionales, los falsos positivos, las interceptaciones ilegales como el reciente y denunciado “Plan Escalera”, del pago ilegal de informantes por parte del DAS, para sustraer información de los sindicatos, la reorganización del paramilitarismo, la sostenida impunidad, la profunda crisis social en el empleo y la salud, empiezan a ser reveladas y no pueden ser ocultadas por el gobierno.

Señalamos que no existen condiciones para la realización de los derechos de las víctimas. En primer lugar, porque como lo anticipábamos desde el movimiento sindical y algunas organizaciones de derechos humanos, fracasó rotundamente el proceso de negociación y reinserción de los grupos paramilitares y su instrumento jurídico la ley de Justicia y Paz, cerrando las posibilidades de reconstrucción de la verdad, justicia y reparación a las víctimas; en segundo lugar, por las profundas limitaciones de un proyecto de Ley de víctimas que hoy inicia su debate a partir del proyecto del gobierno de la “Unidad Nacional” que no consultó a las organizaciones de víctimas, ni a las organizaciones sociales y sindicales victimizadas, y tampoco reconoce a todo el universo de víctimas. El Estado se abroga la facultad de definir quién es víctima y quién no, y que el tema medular para la discusión del gobierno es el costo y la sostenibilidad fiscal, por encima de los derechos de las víctimas; y además, entre otras cosas, el proyecto gubernamental no contiene la reparación colectiva a las organizaciones que hemos venido siendo arrasadas, y el Estado no asume, por acción por omisión, su responsabilidad en el genocidio.

De esta forma, señalamos que el Estado y el gobierno colombiano , en unión con empresarios, multinacionales y sectores de derecha, adelantan acciones para tratar de ocultar el genocidio desarrollando una labor diplomática a nivel internacional con el fin de desconocer que el movimiento sindical continúa siendo victimizado, buscando imponer el olvido a la sistemática violencia antisindical.Cifras de violacionesPartimos de señalar que en ningún momento podemos caracterizar que estamos en una situación de posconflicto, por el contrario, nuestros afiliados, que se encuentran en casi todo el territorio nacional, y nuestras organizaciones afiliadas sufrimos altos niveles de violaciones, si revisamos lo ocurrido durante el 2010 39 sindicalistas han sido asesinados , de los cuales, 17 son educadores afiliados a Fecode, persiste que cada día se viola un derecho a la vida, a la libertad e integridad de los sindicalistas , como ha ocurrido durante los últimos 25 años. Entre el 1 de enero y el 30 agosto de 2010, se han dado 275 violaciones. Entre ellas 201 amenazas, 16 atentados, 10 hostigamientos, 5 secuestros, 5 desapariciones, 2 allanamientos ilegales, 1 detención arbitraria y los homicidios mencionados. Estos datos son preliminares para el 2010 y muestran un escenario aterrador y peligroso para quienes deciden abanderar las luchas de miles de trabajadores y trabajadoras.Este fenómeno es la continuación de una política de exterminio y arrasamiento de las organizaciones sindicales, nuestros encuentros vienen levantando el reclamo a la comunidad nacional e internacional de poner punto final al genocidio contra el movimiento sindical colombiano . En esa lucha hemos logrado que organizaciones sindicales hermanas a nivel internacional, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se solidaricen con nuestra situación, e instancias como la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parlamentos y gobiernos de la comunidad internacional, reconozcan que en Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo. Denuncia que ha significado la no aprobación o ratificación de Tratados de Libre comercio con el gobierno y los empresarios colombianos , como el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o el grupo EFTA, de los países nórdicos. Frente a nuestro reclamo por genocidio los encuentros de víctimas han dado cuenta que el movimiento sindical colombiano ha padecido una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano .

Esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados , 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano . Las regiones más victimizadas, en su orden, son Antioquia, Santander, Valle del Cauca, César y Magdalena. Los sindicatos más victimizados, teniendo en cuenta la información entre el 1 de enero de 1986 y el 30 de agosto de 2010: Fecode y los educadores aparecen como la organización más victimizada, con 921 homicidios, le siguen: Sintrainagro con 798; USO, 116; Anthoc, 58; Sintraelecol, 50; Asonal, 47; Sutimac, 38; y, Fensuagro, 37. El análisis de esta información evidenció que la violencia contra el sindicalismo se concentró en 15 sindicatos, es decir, el 78.2% de los homicidios se realizaron contra los integrantes de estas organizaciones, de lo cual es posible deducir que hubo una violencia orientada al exterminio de las organizaciones sindicales más allá del individuo víctima de un homicidio [1].

Este fenómeno tiene hondas raíces históricas, no solamente para el movimiento sindical, sino para muchos sectores sociales, étnicos y políticos que han sufrido una práctica de exterminio masivo. Desde el surgimiento del movimiento sindical en Colombia , la violencia antisindical ha sido una constante y a las organizaciones y sus afiliados se les ha impuesto el rol de víctima por el sólo hecho de ejercer los derechos de asociación y el ejercicio de las libertades sindicales. Podemos mencionar como antecedentes históricos de las respuestas violentas frente a las peticiones de los trabajadores, las luchas y gestas históricas de trabajadores de ferrocarriles, petroleros, navieros y la tristemente recordada lucha de los trabajadores agrícolas y bananeros que lograron sus primeras reivindicaciones a costa del sacrificio de vidas entre sus dirigentes y afiliados.

La impunidad asegura la persistencia del genocidio sindical
Frente a la grave situación de violencia contra el movimiento sindical, las medidas del Estado han sido casi nulas. Sólo hasta mediados del 2007 la Fiscalía y la Judicatura emprendieron alguna clase de medida, impulsada por la presión del movimiento sindical colombiano y mundial, en el marco de las discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio que el gobierno de Colombia quería firmar con Estados Unidos.La intolerable situación de impunidad se mantiene, demostrando que la unidad especial de la fiscalía y los tres jueces encargados de los crímenes contra sindicalistas , no constituyeron una medida seria, adecuada y efectiva para realizar avances. Si en el año 2007 se hablaba de una impunidad del 100%, hoy pese a la denuncia, la presión internacional y los diferentes pronunciamientos del Estado colombiano , la impunidad, para el caso de homicidios es del 96.11% y en otras violaciones, la impunidad está en el 99.84%. Haciendo la precisión que en la mayoría de los casos se determinan sentencias para autores materiales, pero es casi inexistente las sentencias para identificar a los autores intelectuales de las violaciones de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas . Lo cual manda un mensaje muy negativo del alto grado de impunidad y de permanente revictimización a las víctimas del movimiento sindical, en la medida en que no se desmontan las estructuras generadoras de la violencia antisindical.El movimiento sindical, y especialmente la Central Unitaria de Trabajadores que viene ofrendando el 87% de las víctimas de la violencia antisindical, tiene el compromiso moral de rescatar la memoria y reivindicar los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no revictimización, tanto individual como colectiva y defender de esta manera el derecho a existir en el libre ejercicio de las libertades sindicales y la defensa de los derechos de los trabajadores.Fuente: Departamento de Derechos Humanos de la CUT.
http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=5581&Itemid=13